Migrantes en Chequia: los ucranianos

El centro de Bělá–Jezová , en una imagen de la web de la administración de instalaciones para refugiados del Ministerio del Interior checo (suz.cz)

En Chequia construyen casas, limpian la suciedad de otros, cuidan al viejo, al enfermo, sudan la gota gorda en la cocina del restaurante, despachan largas horas en tiendas: cualquier trabajo duro. Todo con permisos temporales que exigen, hasta varias veces al año, ir y volver los 1000 kilómetros que les separan de Ucrania, para renovar papeles y regresar a Chequia, y vuelta a empezar. Vamos a hablar de una de estas personas. La llamaremos Lu, para protegerla con el anonimato: la interpretación restrictiva de la ley en tiempo de alarma sanitaria ha vulnerado su derecho legal de entrada al país para trabajar. Ha sufrido una detención y puede ser deportada.

Lu es una mujer de casi treinta años, procedente del oeste de Ucrania. En Praga era dependienta. La cuarentena acabó con el trabajo. Ante la incertidumbre decidió volver a Ucrania. En mayo, cuando las expectativas mejoraron, decidió volver. Contaba con un pasaporte biométrico que le permitía viajar legalmente a Chequia y permanecer tres meses. Sin embargo acabó detenida por el Ministerio del Interior checo, luego salió a un alojamiento privado, y sigue a la espera de una decisión sobre su deportación y una respuesta a una petición de asilo.

¿Qué salió mal? Cuando Lu llegó en autocar hasta el sur de Polonia se encontró con la frontera checa cerrada por cuarentena. Oyó a unos hombres hablar checo. Le dijeron que otro autobús iba a pasar a diez ucranianos a Chequia, a 300 euros por cabeza. Decidió probar suerte antes que volver por donde había venido.

Entrada ilegal por frontera cerrada o derechos previos

El autobús, dice Lu, no tenía marcas, señales ni números, ni ella recibió billete alguno. Media hora después de cruzar la frontera lo pararon tres coches de policía bloqueando la carretera. El conductor se desentendió. Dijo que había recogido al pasaje en el bosque. Lu y los ucranianos fueron detenidos por entrada ilegal en el país. 

Lu pasó las siguientes 48 horas en desplazamientos, sin saber qué comería y dónde dormiría. Sin teléfono, dinero, documentación ni efectos personales. Se tuvo que bastar con su comprensión pasiva del checo ya que nadie le habló en su idioma. La ausencia de traductores perjudica a los ucranianos, la principal migración que recibe Chequia.  

Hasta que no ha podido salir a alojarse a casa de un amigo Lu ha estado detenida, sin libertad de movimiento, en instalaciones que el Ministerio del Interior tiene en Běla Jezová, en la región de Mladá Boleslav. El Estado usa la denominación orwelliana de “zařízení pro zajištění cizinců”. “Zajištění” es muy polisémico, significa asegurar, garantizar, fijar. En realidad es a todos los efectos una cárcel de 200 plazas para mujeres y niños extranjeros no documentados.

Una cárcel a todos los efectos

La vida en el centro acaba con la autonomía personal del sujeto. La legislación de 1999 se ha enmendado 50 veces, para recortar cada vez más derechos. Según Global Detention Project, el sistema legal checo se destaca por la larga lista de motivos para la detención (1).

La lista de irregularidades es larga: seguridad privada, con gente no preparada para el trabajo con migrantes. La comida es monótona: pan, arroz, carne, con fruta y verdura escasas. La vigilancia médica es analgésicos y tranquilizantes. Tienen que pedir productos para la higiene, de forma tan limitada como pueda ser un cortauñas prestado una hora.

El centro de Běla Jezová sobre el papel es para mujeres y niños. Sin embargo durante la cuarentena se llenó, aparecieron hombres. Las mujeres en tránsito corren el riesgo adicional de la violencia de género y el abuso.

El Estado carga además al migrante unas 240 coronas checas diarias, unos nueve euros. El migrante no solo no sabe cuánto va a durar la estancia, porque no sabe cuánto tiempo durará su proceso burocrático, sino tampoco qué desenlace va a tener. Una estancia de un mes o dos puede terminar en traslado a otro centro, o con la deportación. A quien no puede pagar se le crea una deuda.

Compás de espera

Lu espera el asilo, pero el Estado checo concede pocos. Si hubiera nacido suficientes kilómetros más al este para estar en la zona de guerra con Rusia quizás tendría asilo y hasta le harían entrevistas, como víctima del imperialismo ruso. Pero Lu no es una luchadora por la libertad. Tiene estudios e inclinaciones artísticas, tiene vínculos personales y afectivos con el país, tenía derecho legal de entrada y tenía el propósito de trabajar para ganarse la vida. Eso la convierte en “migrante económica” ante el Estado. Su situación actual la atribuye a una aplicación restrictiva y hostil de la normativa de seguridad relacionada con la alarma sanitaria, en detrimento de sus derechos básicos.

Los migrantes cuentan a su favor con el monitoreo de la burocracia de inmigración que llevan a cabo ONGs y organizaciones activistas. El trabajo es ingrato, interminable. Se hacen esfuerzos por mandarles información y abogados, pero la asistencia legal está saturada y es insuficiente. Es una ayuda que soluciona problemas, pero en parte también corre a cargo de estudiantes en prácticas.

Lu pasa el verano esperando, para poder volver al ejército invisible de los andamios de las obras, los almacenes, las fábricas y las cocinas y allí donde hay que hacer trabajo duro, junto con tantos hombre y mujeres ucranianos y de otras nacionalidades. Están ahí aunque no queramos, sepamos o podamos verles.

En Revista Kampa vamos a intentar hablar de estas comunidades invisibles y de la red de burocracias públicas, ONGs y activistas que tratan con ellos.

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(1). “When compared to other countries in the region, the Czech legal framework stands out because of the large number of grounds that can lead to detention”, punto 2.2 en Country Report: Immigration Detention in de Czech Republic. Global Detention Project, diciembre 2018.